Redacción El Canelazo
SANTIAGO, RD.– El Ministerio Público continúa las investigaciones para determinar las circunstancias en las que murió Angélica Geraldine Hernández mientras era sometida a una cirugía estética en una clínica de Santiago.
Como parte de las diligencias, las autoridades han entrevistado a por lo menos seis personas relacionadas con el procedimiento médico y con el funcionamiento del establecimiento donde ocurrió el fallecimiento.
Entre los interrogados figuran anestesiólogos, un asistente, el médico que realizaba la operación, el doctor Juan Óscar Polanco y el administrador del centro de salud.
Hasta el momento no se han reportado arrestos ni sometimientos judiciales relacionados con el caso.
Administrador comparece voluntariamente
El interrogatorio más reciente correspondió al administrador de la clínica Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago.
La entrevista fue realizada en la Fiscalía que funciona dentro de las instalaciones de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional.
El abogado del establecimiento, Rolando Cárdenas, afirmó que el administrador compareció voluntariamente para responder preguntas relacionadas con la administración del centro y con su proceso de habilitación.
El jurista sostuvo que las responsabilidades administrativas y clínicas deben evaluarse de manera separada y señaló que el administrador no habría participado directamente en el procedimiento quirúrgico.
Estas declaraciones corresponden a la posición de la defensa y todavía no constituyen una conclusión del Ministerio Público.
Investigación busca determinar posible mala práctica
El órgano acusador procura establecer si durante la intervención médica se produjo alguna actuación negligente, incumplimiento de protocolos o posible mala práctica.
Angélica Geraldine Hernández murió mientras era sometida a una liposucción en marzo de 2026.
La investigación deberá determinar las condiciones previas de la paciente, los procedimientos realizados, los medicamentos administrados, la participación de cada profesional y la respuesta aplicada cuando surgieron las complicaciones.
También será necesario establecer si el centro y los médicos participantes estaban debidamente autorizados para realizar los procedimientos practicados.
Familia presentó querella
Los familiares de la joven presentaron una querella para solicitar que se establezcan responsabilidades penales y civiles por su fallecimiento.
La acción busca que las autoridades investiguen a todos los involucrados y determinen si se cumplieron los protocolos médicos antes, durante y después de la cirugía.
La investigación se mantiene abierta y las entrevistas realizadas forman parte de la fase de recopilación de testimonios, documentos y evidencias.
Hasta que el Ministerio Público complete las diligencias y presente una acusación formal, ninguna de las personas entrevistadas puede ser considerada responsable penalmente.
Informe de autopsia será determinante
Uno de los elementos centrales del expediente será el informe de autopsia, debido a que permitirá establecer científicamente la causa de la muerte y las complicaciones que se produjeron durante el procedimiento.
La defensa de la clínica afirmó que todavía no había recibido copia del informe ni acceso completo a la carpeta fiscal, pese a haber solicitado conocer el expediente.
Además de la autopsia, las autoridades pueden analizar el historial médico, los estudios preoperatorios, la hoja anestésica, el expediente clínico, los medicamentos utilizados y los registros del quirófano.
Estos elementos permitirán determinar si la paciente fue evaluada adecuadamente y si la respuesta médica cumplió con los estándares exigidos.
Normas para las cirugías estéticas
El reglamento técnico del Ministerio de Salud Pública establece que los procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva solo pueden realizarse en establecimientos que cuenten con una licencia de habilitación vigente y autorización expresa para ofrecer esos servicios.
La normativa también exige que los profesionales responsables posean las acreditaciones correspondientes y que los centros dispongan de equipos, medicamentos, personal e infraestructura adecuados.
Cuando un establecimiento ofrece procedimientos quirúrgicos no incluidos en su cartera autorizada y ocurre el fallecimiento de un paciente, el reglamento contempla la clausura y el apoderamiento de las autoridades judiciales para investigar al personal actuante.
El Ministerio de Salud señala que los cierres temporales o definitivos pueden aplicarse cuando un establecimiento opera sin autorización sanitaria, incumple los requisitos de calidad o presenta condiciones que ponen en riesgo a los pacientes.
Caso continúa sin sometimientos
Las entrevistas realizadas hasta ahora no significan que exista una acusación formal contra todas las personas interrogadas.
El Ministerio Público deberá evaluar las pruebas periciales, los documentos clínicos y las declaraciones antes de decidir si presenta cargos.
La investigación también tendrá que diferenciar entre una complicación médica inherente al procedimiento y una muerte relacionada con negligencia, incumplimiento de protocolos o ejercicio irregular de la medicina.
Mientras avanzan las diligencias, la familia de Angélica Geraldine Hernández espera que las autoridades determinen con claridad qué ocurrió dentro del quirófano y si existen responsabilidades por su fallecimiento.
El caso vuelve a colocar bajo atención pública la seguridad de las cirugías estéticas, la habilitación de los centros médicos y la necesidad de que los pacientes verifiquen las credenciales de los profesionales antes de someterse a procedimientos quirúrgicos.
Fuentes consultadas: información atribuida al Ministerio Público y declaraciones recogidas por Diario Libre; Reglamento Técnico para la Habilitación de Servicios Clínicos, Quirúrgicos y Diagnósticos del Ministerio de Salud Pública.
