Redacción El Canelazo
SANTO DOMINGO, RD.– El Senado de la República entró este miércoles en una fase decisiva para conocer las modificaciones planteadas al nuevo Código Penal dominicano, en medio de cuestionamientos de sectores políticos y sociales sobre varios artículos de la normativa.
La discusión ocurre a pocos días de la fecha establecida para su entrada en vigor, programada para el 3 de agosto de 2026, luego de cumplirse el período de un año dispuesto para que las instituciones del sistema judicial se prepararan para su aplicación.
El Código Penal fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025. Por tanto, el debate actual no consiste en aprobar por primera vez la legislación, sino en evaluar ajustes propuestos antes de que sustituya plenamente el antiguo régimen penal.
Senado deberá decidir sobre las modificaciones
La jornada legislativa concentra la atención nacional debido a que el Senado deberá determinar si acoge las modificaciones remitidas como parte del proceso de revisión.
La aprobación de cambios en la Cámara Alta podría completar el trámite congresual, siempre que el texto aprobado coincida con la versión sancionada por la Cámara de Diputados. En caso de introducir nuevas variaciones, la iniciativa tendría que regresar a la cámara de origen para agotar el procedimiento constitucional correspondiente.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha defendido la entrada en vigor de la normativa y ha sostenido que el sistema de justicia necesita las nuevas herramientas penales incluidas en el texto.
Oposición mantiene objeciones
El conocimiento de la pieza ocurre pese a las objeciones presentadas por representantes de la oposición, organizaciones civiles y sectores profesionales.
Entre las principales preocupaciones planteadas durante el debate público figuran la redacción de determinados tipos penales, las disposiciones sobre discriminación, la libertad de expresión, la responsabilidad penal de las empresas y la protección de los derechos fundamentales.
Algunos sectores también han solicitado un período adicional de consultas o el aplazamiento de la entrada en vigor, al considerar que las instituciones judiciales todavía necesitan completar procesos de capacitación y adecuación.
Sin embargo, la dirección del Senado ha rechazado hasta ahora postergar la aplicación general del Código Penal, argumentando que el país no debe continuar utilizando una legislación basada en una estructura jurídica del siglo XIX.
Nuevos delitos y sanciones
La nueva normativa incorpora figuras delictivas que no estaban adecuadamente contempladas en el antiguo Código Penal.
Entre sus novedades se encuentran disposiciones relacionadas con los delitos tecnológicos, la ciberseguridad, el sicariato, el feminicidio, la violencia de género, el hostigamiento, la explotación sexual de menores y otras conductas surgidas con los cambios sociales y tecnológicos.
También establece un sistema de acumulación de condenas que puede alcanzar hasta 60 años de prisión cuando una persona sea declarada culpable de varias infracciones muy graves.
Las autoridades legislativas sostienen que este mecanismo permitirá sancionar de forma separada distintas conductas cometidas dentro de un mismo hecho, evitando que delitos graves queden absorbidos por una sola condena.
Un año para preparar el sistema judicial
La legislación estableció un período de un año entre su promulgación y su entrada en vigor.
Ese intervalo fue concebido para que jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, organismos policiales y autoridades penitenciarias estudiaran el contenido de la normativa y adaptaran sus procedimientos.
El presidente del Senado ha afirmado que durante este período los operadores de justicia han tenido la oportunidad de conocer las nuevas disposiciones y prepararse para su implementación.
No obstante, algunos juristas y dirigentes políticos sostienen que persisten dudas interpretativas y posibles contradicciones que deberían ser corregidas antes de que comiencen a aplicarse las nuevas sanciones.
Una decisión con impacto nacional
El resultado de la discusión en el Senado será determinante para establecer el texto que regirá el sistema penal dominicano a partir del próximo mes.
La legislación impactará directamente los procesos judiciales, la persecución de nuevos delitos, la protección de las víctimas y las sanciones aplicables a personas físicas y jurídicas.
También obligará a las instituciones del sistema de justicia a actualizar protocolos, formularios, sistemas tecnológicos y programas de formación.
La sesión de este miércoles representa, por tanto, uno de los últimos momentos legislativos para introducir cambios antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
El reto para el Congreso será equilibrar la necesidad de modernizar la legislación penal con las demandas de claridad jurídica, respeto a los derechos fundamentales y seguridad para ciudadanos, empresas y medios de comunicación.
